El Congreso nacional de Honduras aprobó por unanimidad la separación de Manuel Zelaya como presidente de ese país y proclamó al máximo representante del Congreso, Roberto Micheletti, como primer mandatario de esa nación, por el tiempo que le restaba a Zelaya de magistratura.

Después de las 5 de la tarde, Micheletti llegó a la sede del Congreso para proceder a ser juramentado. Ahí prometió que mantendrá los cronogramas electorales previstos y que el 29 de noviembre próximo se efectuarán las elecciones presidenciales en Honduras.

 Micheletti afirmó que no llegó al poder “bajo la ignominia de un golpe, sino de un proceso de transición absolutamente legal que nos permite reafirmar la vigencia de la Constitución y del estado de Derecho”.

Prometió actuar con transparencia y honestidad y señaló que su tarea inmediata sería la de trabajar por recuperar la paz “que hemos perdido” mi tarea inmedia ta será la detrabajar incansablemente para reafirmar la paz que hemos perdido

“Asumo el compromiso sagrado de actuar con transparencia (…) las elecciones del 29 de noviembre serán democráticas”, garantizó.

El ex presidente del Congreso y presidente juramentado de Honduras, la actuación del Ejército de ese país, pues según afirmó, "sólo cumplieron con lo ordenado por la Corte Suprema".

"Nuestra Constitución sigue vigente y nuestra democracia sigue viva", afirmó.

Más temprano, representantes del Congreso habían alegado recibir una carta de renuncia de Zelaya, quien se encuentra en Costa Rica luego de haber sido sacado por la fuerza del palacio presidencial en la madrugada de este domingo.

A media tarde,  luego de esa afirmación que no fue corroborada, el Congreso leyó un acuerdo aprobado por unanimidad, en el que fue separado de su cargo Manuel Zelaya y designado Micheletti como mandatario de Honduras.

En el acuerdo de dos puntos aprobados, en el que condenan primeramente las "reiteradas violaciones" a las leyes de ese país por parte de Zelaya, no se hizo referencia a la carta de renuncia.

La decisión de separar a Zelaya de su cargo fue fundamentada en el hecho de que el entonces gobernante "generó un clima de confrontación, división y zozobra al grado de poner en peligro inminente y de rompimiento al Estado de Derecho, y la gobernabilidad".

El decreto afirma que "de conformidad con los artículos 245, numeral 1, 321 y 322 de la Constitución de la República es deber del ciudadano presidente, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, los tratados y las convenciones y demás disposiciones legales".

"Considerando que es potestad del Congreso Nacional velar, aprobar o improbar la conducta de los Poderes Constituidos y demás instituciones del Estado. Considerando que los funcionarios no tienen más responsabilidades que las que les confiere la Ley", agrega el texto.