La República Bolivariana de Venezuela es Estado parte del Estatuto de Roma desde el 7 de junio de 2000, comienza por recordar para esta entrevista el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab.

"El Gobierno venezolano ha apoyado el mandato dado por los Estados partes a la Corte Penal Internacional (CPI) desde su creación", remarca.

"Con respecto al proceso denominado Venezuela I, este Ministerio Público ha colaborado desde el principio con la Fiscalía de la CPI, aportando información e invitándola a visitar el país. Así lo hicimos cuando visitamos a la fiscal Fatou Bensouda en La Haya, a finales de 2020", agrega.

 
Luego, a finales de 2021, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó un Memorando de Entendimiento en nombre del Estado venezolano con el nuevo fiscal de la Corte, Karim Khan.

Esta firma se dio tras la visita del fiscal Khan a Venezuela y tras reunirse con las más altas autoridades del Estado venezolano.

"En ese sentido, Venezuela ha colaborado y seguirá colaborando con la CPI, porque somos respetuosos de la justicia internacional".

"Sin embargo, siempre hemos dejado clara nuestra postura. Creemos que hemos brindado suficientes elementos a la Fiscalía de la CPI que demuestran que bajo nuestra gestión se han investigado y sancionado, con la severidad que establece la ley, las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios policiales y militares".

"No consideramos que en Venezuela se hayan producido crímenes de lesa humanidad en el marco de la alta conflictividad política que ha vivido el país. Los excesos cometidos por los funcionarios policiales y militares han sido investigados y sancionados, en un marco de alta violencia política interna y externa contra las instituciones del Estado venezolano".

—¿Cómo ha sido la dinámica de trabajo del Ministerio Público con la Oficina de Cooperación Técnica (OCT) de la CPI?

"La OCT de la CPI aún no se ha instalado, así que por ahora no tenemos una dinámica de trabajo con ella".

"Sí tuvimos una muy positiva relación de trabajo con la con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos después de la visita de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, en junio de 2019. En ese momento se acordó la firma de un Memorando de Entendimiento con el Gobierno nacional, tras el cual se estableció una oficina en el país".

"Con esta oficina tuvimos comunicación permanente y producto de ese diálogo se dio impulso procesal a numerosos casos sugeridos por esta oficina relativos a muertes en protestas, tratos crueles e inhumanos y privaciones ilegítimas de libertad".

De igual forma, Saab citó que miembros de esa Misión asistieron a las audiencias de juicio oral y público de algunos de casos emblemáticos.

 
"Creemos que una relación similar se puede establecer con la Oficina de Cooperación Técnica de la CPI", plantea el fiscal general de Venezuela.

"No me queda claro qué quiere decir el fiscal Khan con esa afirmación. Nuestro mandato como Ministerio Público está establecido en el artículo 285 de la Constitución de la República. Además de garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales, entre otros, nos corresponde ordenar y dirigir la investigación penal de los hechos punibles".

"Estas investigaciones se basan en denuncias, ya sean presentadas ante nuestra institución, ante un órgano policial o incluso por vía de redes sociales. Se parte del principio básico de que las responsabilidades penales son individuales. Así se investigan y si se recogen elementos que inculpen a cómplices o colaboradores en un delito, se investigan y llegado el momento se imputan y luego se acusan".

"En el marco de las graves confrontaciones callejeras que se dieron en 2017, muchas personas se abstuvieron de denunciar ante los órganos nacionales, algunos acudieron directamente a órganos internacionales. En ese sentido, hemos solicitado reiteradamente a la Fiscalía de la CPI que nos envíe aquellas denuncias que no hayan sido procesadas por nosotros".

"Creemos que la colaboración con la Fiscalía debe apuntar a que se nos faciliten las denuncias concretas que nos permitan investigar posibles delitos que no han sido investigados hasta la fecha", señala Saab.

"Nadie que conozca el trabajo que realiza el Ministerio Público venezolano y los órganos auxiliares de justicia puede afirmar que se realizan falsas investigaciones. Allí están los expedientes, las experticias realizadas, las entrevistas a testigos y víctimas, los juicios y las condenas que demuestran un trabajo altamente comprometido con la verdad y la justicia".

"Por ello creo que será importante la instalación de la Oficina de Cooperación Técnica de la CPI, que esperamos se dé en los próximos meses. Creemos que su presencia en el país será beneficiosa, pues sus delegados podrán ver de primera mano cómo trabaja el Ministerio Público, cómo se investigan las denuncias y cómo se realizan los juicios por violaciones a los derechos humanos".

"Así se podrá contrastar la información recibida por la Fiscalía de la CPI de fuentes interesadas con la realidad de los procesos judiciales y de investigación que se realizan en el país".

"Creo que a partir de ese momento se iniciará una nueva etapa de colaboración entre la Fiscalía de la CPI y nuestra institución".


Resultados contundentes

—En su oportunidad usted dijo, durante la tercera visita de Khan a Venezuela, que "nosotros tenemos la clara intención de hacer justicia en nuestro país sin que un ente trasnacional lo haga por nosotros y lo estamos demostrando".

 
—¿Por qué tanta beligerancia del Ministerio Público a una trasnacional de justicia?

"No es beligerancia, se trata de reafirmar nuestro trabajo. Recordemos que la Corte Penal Internacional es complementaria a los tribunales de los Estados y solo actúa cuando éstos no lo hacen. Desde mi llegada al Ministerio Público en agosto de 2017 impulsamos las investigaciones de los casos de violaciones a los derechos humanos y hemos logrado resultados contundentes".

"En total, desde nuestra llegada al Ministerio Público se han imputado 1.770 funcionarios de seguridad del Estado y 68 colaboradores, para un total de 1.838 imputados. Han sido acusados 2.002 funcionarios y 107 civiles colaboradores, para un total de 2.109 acusados. Han sido privados de libertad 868 y 62 colaboradores, para un total de 930 privados de libertad. Y hemos logrado 458 sentencias condenatorias".

"Venezuela ha sido víctima de todo tipo de agresiones desde que el gobierno de Barak Obama declaró que nuestro país era una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos. A partir de allí, se iniciaron una serie de acciones dirigidas a producir un cambio de régimen en Venezuela".

"Estados Unidos se concentró en la política de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones".

"Mientras que la estrategia política fue tercerizada por EEUU a algunos países con gobiernos sumisos a los mandatos del norte. En especial, Colombia fue el epicentro de la agresión contra nuestro país, seguido por los gobiernos de derecha de Chile, Argentina y Perú".

 
"Estos gobiernos se destacaron por su desprecio hacia sus poblaciones nacionales, pues pusieron como principal punto de su agenda la desestabilización de Venezuela. Por eso, a cada uno de ellos le siguió por votación popular un gobierno de signo contrario".

"Tras el cambio de gobierno en esos países, quedó claro que la acusación contra Venezuela ante la CPI se hizo por razones políticas, pues ningún país la continuó. Incluso, dos de ellos se retractaron y anunciaron que se retirarían de la acusación".

"Este trasfondo político a las acusaciones contra Venezuela ante la CPI ha sido denunciado por nosotros y por el Ejecutivo Nacional, pero la Corte Penal hasta ahora ha prestado poca atención a las pruebas que le hemos presentado".

El reto que tiene la Corte de convencer al mundo

"El Tribunal de Nuremberg, así como el de Tokyo, son un antecedente importante para la actual CPI. Pero hay que recordar que los juicios de Nuremberg y de Tokyo fueron juicios militares realizados por los ganadores de la guerra contra los perdedores. Los acusadores eran los mismos juzgadores, por lo cual existen muchas observaciones jurídicas con respecto a su realización".

"La CPI tiene un enorme reto para convencer al mundo de que se trata de un tribunal imparcial y de alcance universal. Hasta ahora no lo ha logrado, ya que solo 123 países han ratificado el Estatuto de Roma y existen muchas críticas con respecto a los procesos penales iniciados por la Corte".

"Uno de los principales problemas de credibilidad que enfrenta la Corte Penal es su limitado reconocimiento por parte de las potencias más importantes del mundo. Ni Estados Unidos ni China ni Rusia se adhieren a su estatuto; así como tampoco lo hacen Israel, India, Turquía o Ucrania".

"En el caso de Estados Unidos, al considerarse a sí mismo como el gendarme del mundo, no puede permitir que un organismo fuera de su control directo tenga la posibilidad de juzgar a sus militares, que intervienen permanentemente en conflictos alrededor del mundo. Son muchos los casos en los que los militares y líderes estadounidenses podrían ser acusados de crímenes de guerra, crímenes de agresión e incluso crímenes de lesa humanidad. Por eso Estados Unidos no solo no ha ratificado el Estatuto de la CPI, sino que ha aprobado leyes para impedir su actuación contra cualquier estadounidense y ha llegado incluso a sancionar a la anterior Fiscal de CPI por examinar los delitos cometidos por el ejército estadounidense en Afganistán".

"En el caso de Israel, como potencia ocupante de territorios en Palestina y Siria, su ejercicio de la violencia contra los pueblos que reclaman esos territorios le hacen candidato a ser acusado ante la CPI cada año".

"Apenas hace unos días, Israel realizó una operación militar en Jenín que dejó 12 palestinos muertos y unos 4 mil desplazados que perdieron sus hogares".

 
"La CPI ha acusado a 51 personas, todas menos 3 eran africanos, los otros eran georgianos. Organizaciones como Amnistía Internacional han criticado a la CPI por demostrar un doble rasero y una disposición a dejarse influenciar por Estados poderosos. Se destaca el derecho a veto que tienen los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, con el cual pueden impedir la investigación de crímenes por parte de la Fiscalía".

"Por otro lado se acusa a la Corte de selectividad en los casos que se investigan. En un mundo extremadamente desigual, la Corte no ha demostrado ser un órgano que aplique la justicia de forma imparcial".

"La pirámide de Kelsen es una herramienta teórica que sirve para establecer la jerarquía de las leyes nacionales en un país. Así, cada país establece su jerarquía interna y a partir de ella establece además su relación con la normativa internacional. En el caso venezolano, el artículo 23 de la Constitución Nacional establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional. Se les coloca en el nivel más alto de la pirámide".

"Pero en otros países, en especial las grandes potencias, la relación con la normativa internacional es distinta. Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países que menos tratados de derechos humanos ha ratificado. Solo ha firmado y ratificado 5 de los 18 tratados internacionales de derechos humanos. Es el único país del mundo que no es parte de la Convención de los Derechos del Niño de 1990. Es uno de los 4 países que no han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Es de los pocos que tampoco ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tampoco es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la carta fundamental de derechos humanos del continente".

"Esto ocurre porque considera a su legislación nacional por encima de la legislación internacional. Incluso los EEUU han desarrollado la aplicación extraterritorial de su legislación nacional, utilizando para ello su poder económico y militar”.
“Considero que la relación de los Estados siempre será conflictiva con la legislación internacional, más cuando las grandes potencias se consideran por encima de la ley internacional".

"A día de hoy la legalidad internacional está en entredicho, porque Estados Unidos promueve un orden internacional basado en reglas, que no en la normativa internacional aprobada en el seno de Naciones Unidas. Es decir, que aboga abiertamente por un sistema de relaciones internacionales dominado por sus intereses y visión del mundo, dejando de lado la legalidad".

"En ese contexto, toda la arquitectura de la ONU, incluyendo la Corte Penal, está en entredicho".

 
—¿Cómo evalúas los ataques recientes del CPI contra el presidente Putin y la posición de la Corte en el conflicto de Ucrania?

"Creo que la CPI perdió credibilidad cuando fue incapaz de juzgar a soldados británicos que cometieron graves crímenes en Irak".

 
"Tras 10 años, la Fiscalía cerró el examen preliminar de Reino Unido aunque se consideró por todas las ONG y la propia Fiscalía que el Reino Unido no cumplía sus deberes, ya que no llevó a juicio un solo caso de los que la Fiscalía de la CPI consideró como crímenes de guerra cometidos por sus soldados en Irak. El Reino Unido practicó el obstruccionismo a la investigación de la CPI, y aún así, fue premiado con el cierre del caso".

"Tampoco ha sido capaz de sacar adelante las investigaciones contra los soldados estadounidenses que participaron en graves crímenes en Afganistán".

"Así que la celeridad mostrada para solicitar una orden de aprehensión contra el propio presidente de Rusia solo deja ver que la Corte está atravesada por intereses políticos y por la selectividad en su accionar".

"De hecho sí, y ya ocurrió. El 13 de febrero de 2020 Venezuela denunció ante la CPI las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos al país".

"El Gobierno venezolano ha calificado el régimen sancionatorio impuesto por Estados Unidos como un crimen de lesa humanidad y ha instado a la Fiscalía de la Corte Penal a investigarlo".

"Se considera que las medidas coercitivas comprenden todos los elementos que conforman un crimen de lesa humanidad, en los términos previstos en el Estatuto de Roma, a saber: que se trata de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización".

"A esta denuncia la Corte le dio la denominación de caso Venezuela II, y no se conoce hasta ahora algún avance en su examen".