Este viernes arrancó el juicio oral y virtual en contra del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) ante el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, donde se llevó a cabo la audiencia de acusación a petición de la Fiscalía.
Esta audiencia es catalogada de histórica debido a que nunca antes un exmandatario en Colombia había sido llevado a juicio. Según reporta El Tiempo, a los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, de los que acusó la Fiscalía al exmandatario, se le agregó un tercero: soborno.
Tras la lectura de la acusación contra el también exsenador, se inicia de manera formal el primer juicio penal contra un exmandatario. Se espera que el proceso concluya con un fallo.
Un delito nuevo
Con esta nueva acusación, según explicó el fiscal del caso, Gilberto Villarreal, Uribe sería el "determinador del delito de soborno" a través del abogado Diego Cadena sobre la testigo Hilda Niño Farfán, quien es una exfiscal condenada por nexos con el narcotráfico.
Refirió Villarreal que Cadena, enviado por Uribe, "contactó y entrevistó" en la cárcel 'El Buen Pastor' a Niño Farfán "especialmente para que rindiera testimonio falso" sobre el caso de su hermano Santiago Uribe Vélez —a quien se señala de tener vínculos con el paramilitarismo— y de esta manera contribuir a que fuera cambiada a otro penal.
En cuanto a las otras acusaciones, la Fiscalía maneja que alrededor de una decena de testigos denunciaron que recibieron compensaciones a cambio de ofrecer testimonios para favorecer al exmandatario y negar sus vínculos con el paramilitarismo. El expresidente niega estas acusaciones.
Un juicio histórico
Antes de comenzar el proceso, el expresidente difundió un comunicado con 23 pruebas del supuesto montaje, donde ofreció sus argumentos para aseverar las supuestas inconsistencias en su proceso.
En el escrito asevera que "jamás" ha engañado a la Justicia y que quienes recuerdan sus gobiernos saben que "reconocía errores, asumía responsabilidades y delegaba éxitos". "Mi vida pública no conoce la mentira", agregó.
Este juicio, que genera gran interés en el país suramericano, ocurre dos meses después de la posesión de Luz Adriana Camargo como fiscal general, luego de una dilación denunciada por el mandatario Gustavo Petro como una supuesta estrategia para evitar que se abrieran las investigaciones que vinculaban a funcionarios del Estado con el narcotráfico y la violencia.
En la gestión de su predecesor, Francisco Barbosa, se solicitó en dos oportunidades la preclusión del proceso contra Uribe, pero la Justicia lo negó. Incluso, el exmandatario se despojó de su investidura de senador luego de conocer que la Corte Suprema ordenó su arresto domiciliario, que tuvo efecto por dos meses en 2020. Así, al dejar su curul, el proceso pasó a manos del Ministerio Público, lo que fue catalogado como una maniobra judicial.
Cómo comenzó todo
Esta prolongada batalla legal se inició en 2012, cuando Uribe, entonces senador, entabló una demanda contra de su colega Iván Cepeda Castro, quien en un debate parlamentario presentó testimonios de exparamilitares recogidos en la cárcel que vincularon al expresidente con el Bloque Centro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), un grupo paramilitar desmovilizado en su gobierno.
En 2014, Uribe denunció a Cepeda por considerar que buscaba falsos testigos para involucrarlo con el paramilitarismo. No obstante, la Corte Suprema emitió un fallo a favor del congresista y abrió un proceso contra el fundador del partido derechista Centro Democrático.
La máxima instancia judicial determinó que en las investigaciones, que se iniciaron a partir de la denuncia de Uribe, intervinieron testigos, supuestamente presionados por Uribe, para involucrar a Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de falsos testigos.
Los otros procesos que esperan
El expresidente tiene 56 denuncias abiertas en la Comisión de Acusaciones y 28 ante la Corte Suprema de Justicia, sin que hayan pasado siquiera a la fase indagatoria.
Entre las más delicadas se encuentran:
Investigación por el asesinato del luchador de los derechos humanos Jesús María Valle, en febrero de 1998.
Masacres del Aro y la Granja (Ituango, Antioquia), realizada por paramilitares en 1996. Fueron asesinadas 22 personas.
El caso del 'hacker' Andrés Sepúlveda, condenado a 10 años por interceptar las conversaciones de paz en La Habana. El detenido afirmó que le había facilitado parte de las grabaciones a Uribe.
En todos estos procesos Uribe ha negado su responsabilidad.
Con información de RT.
