HRW denuncia agenda contra derechos humanos impulsada por Bolsonaro

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Durante su primer año de mandato, el Gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, adoptó políticas contra los derechos humanos en cuestiones relacionadas con el medioambiente y la seguridad pública, llegando a poner en riesgo a las poblaciones "más vulnerables", según denunció Human Rights Watch en su último informe, reseñó EFE.

En el Informe Mundial 2020, Human Rights Watch (HRW) critica al Gobierno brasileño por dar "carta blanca" a las redes criminales que "destrozan" la Amazonía, una cuestión que consideran "no meramente ambiental", sino también un problema "gravísimo de seguridad pública y justicia".

En materia de medioambiente, la organización denunció el incremento de la deforestación durante el primer año de Gobierno de Bolsonaro e instó a las autoridades a adoptar medidas contra las redes criminales que "destruyen" la Amazonía.

En este sentido, la directora de Human Rights Watch en Brasil, Maria Laura Canineu, citada en el informe, destacó la necesidad de que el ministro de Justicia brasileño, Sérgio Moro, lidere una "respuesta energética para desmantelar las redes criminales que se lucran con la tala ilegal y que intimidan y atacan a los defensores del bosque".

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Por otro lado, la organización acusó al Gobierno de haber "debilitado los esfuerzos de prevención de tortura", pues según el informe la superpoblación de las cárceles brasileñas dejó a los presos "más vulnerables a la violencia y al reclutamiento por parte de facciones criminales".

En concreto, el estudio contabilizó la muerte de 117 presos en cinco cárceles de los estados de Amazonas y de Pará en menos de tres meses en 2019.

Según el estudio, la policía de Río de Janeiro mató a un total de 1.686 personas entre enero y noviembre de 2019, una cifra "récord", resultado de un "uso ilegal de la fuerza" y de los "abusos policiales", que contribuyen a la generación de un "ciclo de violencia", perjudicial para la seguridad pública.

Además, la organización se mostró preocupada ante la "cronicidad" de la violencia de género en el gigante suramericano, donde en 2018 había un millón de casos de violencia doméstica pendientes de juicio.

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