Para ellos era preferible el silencio, la ausencia de la gente en el referendo que una renovada protesta contra el Laudo Arbitral de París de 1899. Preferían que pasara por debajo de la mesa la arriesgada injerencia de la Corte Internacional de Justicia que hacer valer el mecanismo de entendimientos que dicta el Acuerdo de Ginebra. Al Gobierno, al que antes acusaban de negligente en esa materia, ahora lo señalaban por activar un tema patriótico como anzuelo y engaño electoral. En otras palabras, no importaba que el país dejase de manifestarse con fuerza si eso debilitaba al gobierno. En eso consistía todo su planteamiento. El tema para ese sector no era cómo debíamos avanzar en la recuperación de nuestro territorio, sino qué debía hacerse, o dejarse de hacer, para debilitar o hacer quedar mal al gobierno que se adversa.

Para lograr su cometido, juntaron a gente con total desapego de nuestra historia, sin arraigo alguno con los valores de la nacionalidad, para quienes el tiempo cuando esos territorios pertenecían a la Capitanía General de Venezuela está muy lejos y ya no tiene importancia alguna, con gente que opina que si bien en algún momento eso fue de Venezuela, ya el asunto fue resuelto en el Laudo Arbitral de París en 1899 y no tiene sentido enfrentar ahora, ciento veinte años después, a Inglaterra, Estados Unidos y a otras potencias europeas que están a favor de sacar a Maduro del gobierno. Esa mescolanza de argumentos ya había sido empleada por la embajadora de Guaidó en el Reino Unido, Vanessa Neumann, cuando recordaba a los partidos que respaldaban el llamado gobierno interino que no debían meterse en lo del Esequibo porque Guyana, los países de la Commonwealth y Gran Bretaña estaban con Guaidó y eso no podía arriesgarse. El Grupo de Lima, por otra parte, dejó testimonio de su protesta en un infame comunicado en el que denunciaba que Venezuela (el Gobierno de Maduro) estaba agrediendo a Guyana con ese reclamo territorial. Desde hace años han sembrado en el imaginario popular la idea según la cual no reclamar el territorio Esequibo es un acto de lealtad opositora.

Prefirieron coincidir con Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien sostiene a voz en cuello que ya ese problema territorial fue resuelto en el Laudo Arbitral de 1899, antes que votar en el referendo para protestar el fallo de los jueces en París. Sumaron a sectores ajenos al interés nacional que expresan que es una innecesaria ambición pretender 159.000 kilómetros cuadrados adicionales de territorio cuando no hemos sido capaces de aprovechar debidamente el territorio mucho mayor que ya poseemos. Con ese insólito argumento se presentaban como analistas racionales que hacían quedar como fanáticos gobierneros a quienes acudían al referendo del 3 de diciembre.

La verdad es que el reclamo del territorio Esequibo no le interesa para nada a ese sector político. Ni les importa nuestra historia, como tampoco las dignas reacciones de 1992 en Naciones Unidas, de 1996 en Ginebra, y las más recientes, que en distintos momentos y circunstancias se han expresado. Consideran su obligación oponerse a cualquier gestión para no dar supuestas ventajas al gobierno y como no han tenido el coraje de reconocer su entreguismo, sus verdaderas motivaciones e intereses, entonces se esconden detrás del parabán de un estado de derecho a la medida para esgrimir como única vía de reclamo el proceso que lleva la Corte Internacional de Justicia, a sabiendas de que esos magistrados tienen ya una posición política tomada, como ocurrió en París en 1899.

Reiteramos ante el país que defendemos la reactivación del reclamo territorial, el Acuerdo de Ginebra y los entendimientos allí señalados para resolver el diferendo con Guyana. El secretario general de Naciones Unidas no es infalible y cometió un grave error al llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia sin el consentimiento de Venezuela. Esa imposición no es un procedimiento amistoso y viola el espíritu del Acuerdo de Ginebra. Para nosotros ese territorio es venezolano y es irrenunciable.

Vemos pues, como en este importante asunto de defensa de la integridad territorial, como en muchos otros temas económicos, jurídicos, sociales y políticos, quienes estamos comprometidos con el cambio para que Venezuela salga de la confrontación extrema y el país funcione con estabilidad jurídica y política; para que apliquemos políticas económicas de crecimiento y apertura; para que funcionen las instituciones y los servicios públicos; para que los sectores más vulnerables sean prioridad de las políticas del Estado; para que mediante la alternabilidad tome las riendas un Gobierno de amplitud; no compartimos en absoluto las posiciones de quienes han abandonado la lucha por nuestra integridad territorial y esconden su entreguismo en el ardid argumental de estar en desacuerdo con los procedimientos del gobierno. Somos una alternativa distinta de esa tendencia dogmática y revanchista que se presenta como verdadera oposición por promover la violencia, la sumisa dependencia a potencias extranjeras y el mantenimiento de la conflictividad y confrontación extrema que tanto daño han hecho al país.