Los abajo firmantes, Decanos de Facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Políticas de Universidades del país, junto a Profesores de las respectivas Casas de Estudio, preocupados ante recientes decisiones adoptadas por los órganos del Poder Nacional, hemos estimado imprescindible hacer públicas nuestras inquietudes y formular algunas recomendaciones:

1.- Lamentamos que la aprobación de una ley habilitante genérica y carente de los parámetros constitucionalmente exigidos haya desembocado finalmente en la promulgación inconsulta, y por lo tanto contraria al derecho de participación ciudadana, de numerosos decretos-leyes referidos a los ámbitos más diversos de la vida nacional, lo cual se agrava por la extemporaneidad de los últimos decretos. En su oportunidad la Universidad venezolana advirtió sobre los excesos a los que seguramente conduciría el otorgamiento de poderes normativos tan extensos al Presidente de la República.

2.- Invitamos a los distintos sectores del país a examinar con detenimiento el contenido de estos decretos-leyes y a rechazar con los instrumentos de la razón y del orden jurídico todas aquellas disposiciones contrarias por su contenido a la Constitución. En particular, una primera lectura de estos decretos revela que es necesario prestar atención al intervencionismo exacerbado del Estado en la economía, al quebrantamiento del principio constitucional de descentralización, a la alteración del diseño constitucional de la Fuerza Armada Nacional y a las graves amenazas a algunos derechos fundamentales.

3.- Exhortamos a las instituciones públicas, en el ámbito de sus competencias, a ejercer el debido control sobre tales decretos-leyes y a promover, cuando corresponda a su esfera de atribuciones, un proceso de diálogo entre todos los interesados que permita corregir los excesos y conservar los aspectos positivos que sean identificados.

4.- En relación con el tema de las inhabilitaciones políticas, deploramos cualquier artilugio lingüístico o cualquier interpretación relativizadora de normas constitucionales y de disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dirigidos a desconocer derechos claramente garantizados.

5.- Como corresponde a quienes servimos en instituciones académicas comprometidas con el estudio, la investigación y la  enseñanza del Derecho,
manifestamos nuestra disposición a  favorecer la discusión informada y
plural sobre temas como los señalados, directamente vinculados con la
vigencia de la Democracia y del Estado de Derecho. Así lo haremos en el seno de nuestras Universidades.

Caracas, 12 de agosto de 2008.

Rogelio Pérez Perdomo
Decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad
Metropolitana

Jesús M. Casal
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello

Eugenio Hernández-Bretón
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Monteávila

Pablo Chiossone

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Fermín Toro

Profesores:

 Humberto Njaim
 Miriam T. Rodríguez de Mezoa
 Elsa Cardozo
 Angelina Jaffé
 Guillermo T. Aveledo
 Andrés Stambouli
 Henrique Meier
 Laura Louza
 Nancy Requena García
 Oscar Vallés
 Gerardo Fernández
 Liliana Fasciani
 Marcos Carrillo
 Alfredo Pares
 Heberto Contreras Cuenca